“ES NECESARIO RESGUARDAR EL DEBIDO PROCESO. SI ES NECESARIO Y POSIBLE REAGENDAR JUICIOS ORALES SE DEBE HACER.”

El Defensor Regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos Pardo hizo presente que el dilema de realizar juicios orales presenciales o por videoconferencia lo están enfrentando muchos sistemas de justicia penal en todo el mundo. En otras regiones del país ya se han dado casos de juicios en que la defensa se ha opuesto a la modalidad remota.

En el caso de Arica se llevó a cabo una audiencia en que los defensores se opusieron a la realización del juicio oral por videoconferencia y manifestaron su decisión de no participar en él por no reunirse las condiciones legales para su realización con pleno respeto a las garantías procesales. El viernes se desarrollará una audiencia donde se verá si son sancionados.

¿Cuál es la situación actual de los juicios orales en la región?

En la región, salvo un caso de una defensa particular, los juicios orales se están reprogramando para el mes de julio o agosto. Estimamos que no es posible la realización de juicios orales por vía remota puesto que esta modalidad no asegura el respeto de los derechos y garantías procesales de los acusados o las acusadas. Los juicios orales están concebidos para ser realizados en forma presencial, lo que supone la presencia física de todos los intervinientes. Esto es lo único que asegura una real inmediación entre los jueces y lo que ocurra en la audiencia tanto en materia de alegaciones como de pruebas que se rindan. Nos parece que los representantes del Poder Judicial en la región han mostrado un respeto muy grande por los principios que inspiran el sistema de justicia penal. Esto marca una diferencia con lo que hemos visto en otras regiones.

¿Desde el punto de vista de la Defensoría, se pueden llevar a cabo los juicios orales?

Es un hecho irrefutable que el curso de los juicios orales se debe retomar y nosotros promovemos su realización. Sin embargo, no podemos admitir que los debates que impliquen la absolución o condena de una persona se realicen por vía remota. Esperamos que podamos retomar la actividad presencial lo más pronto, pero tenemos claridad en cuanto a que en este momento ello resulta lejano. En las condiciones actuales no podemos garantizar la salud de los intervinientes, incluidos los defensores y defensoras y esa es una prioridad para la institución. Lo mismo respecto de los imputados, pues suficientes exposiciones al virus tienen en las cárceles como para sumarle a ello los riesgos de contagio saliendo del penal y teniendo contacto directo con personas externas. Como Defensoría Penal Pública tenemos el deber de propiciar un juzgamiento con pleno respeto a las garantías procesales propias de un juicio adversarial en que la inmediación, la contradictoriedad y la confrontación de las pruebas sean efectivamente posibles. Los juicios orales por videoconferencia, por diversas razones técnicas y fácticas, no permiten la comunicación directa e inmediata del imputado con su defensor, no facilitan las objeciones a preguntas prohibidas ni aseguran la ejecución de una confrontación eficaz a testigos y peritos.

¿Cuál es la propuesta de la Defensoría al respecto?

En este momento estamos elaborando una estrategia que permita conciliar las garantías de los imputados y la salud de todos los intervinientes. En todo caso somos claros: no hay ninguna posibilidad dentro del marco legal vigente que juicios en que exista una teoría del caso de la defensa que persiga la recalificación del hecho atribuido o la absolución puedan concluir con una audiencia por videoconferencia. Como contrapartida un juicio en modalidad presencial pone en riesgo a los intervinientes y puede inhabilitar a muchos/as funcionarios/as que se deberán restar de cumplir funciones. Además, si se trata de un acusado preso la resolución de su caso se retrasa afectando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Como se puede ver es una situación muy compleja que están, por cierto, enfrentando muchos países. Por ello, sin abandonar nuestra irrenunciable posición acerca de la presencialidad como única forma que asegura el respeto al debido proceso, estamos siempre abiertos al diálogo institucional que considere la voluntad del acusado, la opinión técnica de su defensor y la no afectación de garantías procesales. Se deben fijar criterios y condiciones muy claras y rigurosas para que, en algunos casos, muy excepcionales, sea posible realizar juicios por videoconferencia.